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Por los niños

La defensa jurídica de los derechos humanos es reflejo de muchas personas y organizaciones que cotidianamente impulsan cambios legales, sin embargo ninguna reforma legal es capaz de transformar la realidad por sí sola, ¿qué hace falta?

Por ANGEL MELGOZA /

Fotografía: ANGEL MELGOZA

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Los legisladores no querían salirse del riel. La iniciativa presidencial había sido aprobada a nivel nacional, y era tiempo de que ellos hicieran lo propio en lo local. Los diputados de Jalisco aprobaron las reformas y la nueva ley estatal para proteger los derechos de los niños, pero nunca imaginaron que esa sería la puerta para la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

 

Los argumentos a favor y en contra se han escuchado en los medios, las parroquias, las plataformas digitales y en las calles. Más allá de los discursos, los cambios en la ley que hoy parecen adaptarse a la sociedad, se pueden explicar y entender por medio de la transformación en el sistema de impartición de justicia mexicano.

 

Éste es el recorrido jurídico por el que se hizo obligatorio para Jalisco apegarse a las normas constitucionales que prohíben la discriminación.

 

 

Judicializar derechos

 

En marzo de 2010 entró en vigor la reforma al Código Civil de la Ciudad de México que estableció el matrimonio entre personas, sin restricciones de sexo. En ninguna parte de América Latina se habían celebrado matrimonios entre parejas no heterosexuales. Activistas en todo el país comenzaron a presentar juicios para contraer matrimonio. Cuando la autoridad de la entidad en la que vivían les negaba el derecho, ellos recurrían a un proceso judicial.

 

El avance en la defensa jurídica de los derechos humanos es reflejo de muchas personas e instituciones que impulsan cambios legales que reconozcan, promuevan, respeten, protejan, y garanticen la dignidad de las personas. En este sentido la reforma constitucional sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, ha sido muy importante para acelerar los procesos de cambio.

 

La Constitución pasó de ‘otorgar garantías individuales’1, al reconocimiento de los derechos humanos, poniendo en el mismo nivel jerárquico a los derechos contenidos en la constitución y a los reconocidos por el Estado mexicano vía tratados internacionales. Además incluyó una mayor especificidad en las clases de discriminaciones que están prohibidas en nuestro país, como la discriminación por discapacidades o por preferencias sexuales. Este es el contexto en el que los cambios legales se mueven ahora.

 

En septiembre del 2014 Enrique Peña Nieto envió una iniciativa preferente, que es una facultad presidencial para acelerar la aprobación de una ley o decreto, sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los objetivos eran reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar sus derechos, crear un sistema que los protegiera, fijar principios y criterios rectores para orientar políticas, y establecer las bases para que los sectores privados y sociales participen en la materia. El viernes cinco de diciembre del 2014, después de la aprobación del Congreso, entró en vigor esta ley.

 

El 30 de enero del 2015 la entonces diputada local de Jalisco, Bertha Yolanda Rodríguez, presentó una iniciativa de ley para adecuar las leyes estatales a los cambios federales en el tema de las personas menores de edad. Para presentar la nueva ley estatal fue necesario hacer modificaciones a otras normas, entre ellas el Código Civil de Jalisco.

 

Como parte de los requisitos para contraer matrimonio, en el artículo 260 del código civil de Jalisco solía leerse: “Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años”, pero como la Ley General establece que la edad mínima para contraer matrimonio deben ser los 18 años, este artículo se reformó y su redacción cambió a “Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad”. Esta reforma se publicó el 04 de abril del 2015.

 

Los legisladores se limitaron a hacer lo que la modificación federal les solicitaba. Para actuar en beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, modificaron la restricción de edad, sin cambiar el enunciado que restringía el matrimonio a “el hombre y la mujer”.

 

El cambio al Código abrió la puerta al plazo de treinta días para refutar leyes que contravengan a la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reclamó la invalidez de la porción del artículo 260 que señalaba “el hombre y la mujer”, al considerar que la norma violaba los derechos a la no discriminación, a la dignidad humana en el sentido del libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad ante la ley y al principio pro-persona, que significa favorecer la protección más amplia de los derechos.

 

 

El cambio de paradigma en la Justicia

 

Hasta hace poco, los jueces mexicanos consideraban que su ejercicio debía ser propio de lo judicial, privado u opaco, “el juez sólo habla a través de sus sentencias”. Del lado de los medios de comunicación no había un gran esfuerzo por comunicar lo decidido en los tribunales, no había seguimiento a las designaciones, ni un cuestionamiento sobre el lenguaje utilizado por los litigantes.

 

En diciembre de 1994, el presidente Zedillo promovió una reforma que además de crear un Consejo de la Judicatura, y otros medios de control, redujo la Suprema Corte de veintiséis a once ministros, y aumentó sus atribuciones, otorgándole jurisdicción constitucional.

 

Ante las críticas que surgieron tras la reforma, los nuevos ministros buscaron desarrollar una credibilidad frente al sistema político que los habían electo. La Corte reformada generó cursos de profesionalización para los miembros de los medios de comunicación que la cubrían, y éstos crearon una fuente a partir de ella.

 

Con las nuevas atribuciones se buscaba fortalecer la defensa de la Constitución. De ahí viene una parte importante de la relevancia que la Suprema Corte ha tomado en la vida pública del país. Hoy la Suprema Corte resuelve básicamente tres tipos de asuntos: Juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

 

El juicio de amparo es un mecanismo que tienen las personas para defender sus derechos ante los actos u omisiones de las autoridades. Las controversias y las acciones son instrumentos para defender la Constitución: Las controversias constitucionales se refieren a los conflictos de atribuciones entre entidades del gobierno y las acciones de inconstitucionalidad son un estudio de las leyes que deben ir de acuerdo a lo establecido en la Constitución, este estudio se hace sin que exista un conflicto específico que le dé origen.

 

Treinta días después de que el artículo 260 del Código Civil de Jalisco fue reformado, el 04 de mayo del 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad. La CNDH apuntó que la porción de la ley que decía “el hombre y la mujer”, estaba infringiendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1º y 4º, a la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 1, 11, 17 y 24, a el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 2, 3 y 26, y a el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el primer párrafo del artículo 10.

 

 

Jurisprudencia 43/2015

 

La demanda de acción de inconstitucionalidad se mantuvo esperando a ser resuelta, mientras tanto en junio de 2015 los medios dieron amplia difusión a la jurisprudencia 43/2015. Muchos anunciaron ésta como la aprobación del matrimonio gay en el país. Siendo la jurisprudencia un criterio jurídico que se vuelve de aplicación obligatoria para todos los jueces del país, la 43/2015 estableció inconstitucionales las leyes que consideren la procreación como la finalidad del matrimonio, así como las que definan a al matrimonio como el que se celebra entre un hombre y una mujer.

 

De acuerdo a la Corte, el considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación no resulta una medida idónea para obedecer la única finalidad que tiene el matrimonio según la constitución, que es “la protección de la familia como realidad social.”

 

La Corte señaló que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre un solo hombre y una sola mujer’.” Dijo que dicha enunciación en su mera expresión es discriminatoria, y “cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.” La Corte exhortó a las entidades federativas, cuya normatividad sea discriminatoria, a hacer las correcciones correspondientes.

 

Esta jurisprudencia permite que cualquier persona que quiera contraer matrimonio con otra de su mismo sexo pueda hacerlo, pero en caso de que la entidad federativa en que viva no haya modificado aún sus leyes, la pareja tendrá que tramitar un juicio de amparo para hacer efectivo su derecho a casarse.

 

La primer entidad que modificó su Código Civil para permitir el matrimonio entre cualquier persona fue la Ciudad de México en marzo del 2010; después en septiembre del 2014, el estado de Coahuila. Recientemente se sumaron Nayarit en diciembre del 2015, y el estado de Quintana Roo, donde a pesar de que nunca existió la restricción legal para casar a personas del mismo sexo, las personas también tuvieron que implementar procesos legales para permitir estos matrimonios.

 

En Jalisco se celebró el primer matrimonio homosexual mucho tiempo antes de la jurisprudencia mencionada. Zaira de la O Gómez y Martha Sandoval se casaron gracias a un juicio de amparo el sábado catorce de diciembre del 2013. Sin embargo en el estado seguía siendo necesario tramitar un juicio de amparo para acceder al derecho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que no brinque es ateo

 

Sería imposible ponerse de acuerdo. En cinco, diez y hasta treinta y siete mil personas calcularon distintas fuentes el número de asistentes a la manifestación que salió de la Minerva en Guadalajara el sábado 25 de julio del 2015. Imposible tanto en número como en causa: por los derechos de los niños a tener papá y mamá; por los derechos de los padres a educar a sus hijos; vida & familia; sí a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural; queremos matrimonio natural; Peña te exigimos defender el matrimonio y la familia; sí al matrimonio entre un hombre y una mujer; no exijamos a la ley lo que no dio la naturaleza son frases de carteles impresos que repartían los miembros de Jalisco es uno por los niños, la organización convocante. En palabras de algunos organizadores, buscaban echar atrás la jurisprudencia 43/2015 que dictó la SCJN y detener la acción de inconstitucionalidad que había sido presentada en mayo del 2015; la demanda de la CNDH seguía pendiente, pero sería resuelta en enero del 2016.

 

Fue en la sesión ordinaria del 26 de enero del 2016 en que la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad. Los once ministros que conforman el Pleno de la Corte, votaron de forma unánime como inconstitucional la porción del artículo 260 del Código Civil de Jalisco que decía el hombre y la mujer, por “atentar contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad [...] que de manera implícita genera una violación al principio de igualdad.” La invalidez se extendió a los artículos 258 y 267 bis que también eran discriminatorios.

 

El jueves 28 de enero del 2016 se notificó al congreso de Jalisco la decisión de la SCJN, y a partir de ese día, con la notificación, ha tenido efecto la invalidez de las porciones de los artículos mencionados. Sin embargo, los legisladores locales pueden hacer el cambio a la ley para que ésta tenga coherencia, o no. Lo cierto es que la norma ya ha sido modificada con la resolución de la Corte. No existe un plazo para que el Congreso modifique el Código Civil, incluso en caso de no hacerlo, no caería en desacato.

 

Si algún funcionario se resistiera a acatar la sentencia, un integrante del registro civil por ejemplo, la pareja afectada puede presentar una denuncia por inclumplimiento, que después de un prioceso judicial puede derivar en la destitución del funcionario y en imputaciones penales.

 

“Aclarar que ésta es una decisión de la Corte. Hay que señalar que no fuimos nosotros los diputados”, dijo en una entrevista Rocío Corona Nakamura, diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del congreso de Jalisco.

 

La Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y ahora Jalisco, son los estados mexicanos donde las personas, sin importar su sexo, pueden contraer matrimonio sin necesidad de tramitar un juicio de amparo. Los congresos locales de los primeros cuatro estados modificaron su Código Civil, el caso de Jalisco es único porque fue por medio de una acción de inconstitucionalidad que la SCJN invalidó porciones de la norma estatal. En Chihuahua y en Guerrero se han celebrado matrimonios entre personas del mismo sexo sin necesidad de presentar un amparo, debido a decisiones políticas de alcaldes o gobernadores, sin embargo sus leyes no han sido modificadas.

 

Después de la sentencia de la SCJN la organización Jalisco es uno por los niños volvió a convocar una manifestación. No quieren que el congreso modifique la ley. “El que no brinque es ateo”, gritaban algunos asistentes a la marcha de julio del 2015. En el Congreso de Jalisco, parece que el que es ateo no brinca.

 

 

La reforma legal, y la realidad

 

La oportunidad que abrió la reforma constitucional de 2011, hace posible que los cambios que garanticen una más amplia,mejor cobertura y aseguramiento de derechos sea posible. Para muchas personas este cambio pasó inadvertido; nadie está en contra de los derechos, hasta que el goce de éstos afecta las visiones individuales de cómo deben ser las cosas.

 

Ricardo Hernández Forcada, funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resalta que la sociedad civil debe estar vigilante, “la CNDH está al pendiente de los cambios en las normas, pero también la sociedad civil es quien nos hace el señalamiento.” Aunque las comisiones de derechos humanos de los estados también tienen atribuciones para presentar acciones de inconstitucionalidad, éstas no son tan comunes. Las personas pueden presentar quejas ante ambas instancias cuando consideren que una norma viola la Constitución.

 

Quienes invocan a la tradición, buscan implementar distintas acciones para detener los cambios que según su postura dañan a la sociedad; han salido a las calles a exigir que nada cambie, han cabildeado con distintos políticos y han buscado dar también la batalla legal. Por el lado contrario, las personas que han impulsado cambios liberales sobre el reconocimiento, ampliación y cumplimiento de derechos, son quienes, con el tiempo, han obtenido las victorias. Se puede seguir discutiendo el fin último del matrimonio o de la familia, pero el cambio legal está dado.

 

Durante la toma de protesta de 61 nuevos jueces del sistema penal acusatorio, el Ministro Arturo Zaldívar les dijo: “ninguna reforma legal o constitucional por sí sola es capaz de transformar la realidad [...] La transformación depende de las personas llamadas a implementar los nuevos sistemas y de que su actuación sea el reflejo de los valores consignados en la Constitución, en cuya cúspide está el respeto de los derechos humanos.”

 

Conocer y entender los cambios en la ley y en el proceso de impartición de justicia contribuye a mejorar la visión y la acción de las personas. ¿Qué nos ha hecho falta para transformar la realidad? ¿Qué refleja la actuación de la sociedad?

REFERENCIA

1

Las garantías individuales son aquellas destinadas a proteger los derechos fundamentales y que son parte del texto constitucional.

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